El voto espurio de la ministra
Cuauhtémoc Gutiérrez García
El 21 de diciembre el Guillermo Sheridan publicó en el portal Latinus una extraordinaria nota «Una ministra pasante: Yasmín Esquivel, candidata a presidir la SCJN, plagió su tesis de licenciatura»[1] noticia que creó una tormenta política en vísperas de la elección del próximo presidente de la SCJN, cuyo proceso iniciará el próximo 2 de enero de 2023, para sustituir al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. A partir de ello, realizaré algunas observaciones de interés, precisamente, porque serán las pautas del desarrollo de esta situación y enfoques se abordará en los próximos días.
Sheridan en la nota referida da cuenta de la existencia de cuatro tesis con título semejante «Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A», dirigidas por la misma académica, Martha Rodríguez Ortiz, con las siguientes fechas: 1986 (Edgar Ulises Báez Gutiérrez), 1987 (Yasmín Esquivel Mossa), y dos más en 2008 y 2010; todas ellas publicadas en el recipiente electrónico de TESIUNAM. A partir de lo anterior, analiza las similitudes de los documentos de 1986 y 1987, y en primera instancia concluye, que la tesis de licenciatura de la ministra es un plagio.
El supuesto plagio, coincidió con la tormenta invernal perturbando, entre otros, y en primera lugar al ámbito académico, involucrando directamente a la Facultad de Derecho y la Escuela de Nacional de Estudios Profesionales (ENEP, ahora FES) Aragón, ambas de la UNAM; las cuales deberán de determinar si el acto denunciado implicará anular el título de Licenciado en Derecho y, consecuentemente, la Cédula Profesional que la acredita como profesionista; bajo este supuesto no se actualizaría uno de los requisitos previstos en la fracción III del artículo 95 de la CPEUM para el cargo de ministro: «Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello». No debemos dejar de lado que ocurrirá un proceso administrativo, además se espera incuestionable e impecable aplicación de la normativa universitaria, sancionándose definitivamente si se comprueba el acto denunciado, el cual redundaría, como se espera, que quede a salvo el prestigio académico e histórico de la UNAM como como institución pública de insoslayable valor para el país.
En segunda instancia al proceso de elección del presidente de la SCJN y de la CJF, pese a la tolvanera levantada, en la que la ministra Yasmín Esquivel Mossa decidió mantener su candidatura para presidir la SCJN, además la de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. Este próximo 2 de enero será el escenario de confrontación entre el Ejecutivo y «sus adversarios»; es evidente que la construcción de la candidatura de Esquivel Mossa se hilvanó desde Palacio Nacional y se puso marcha por el operador político en el Poder Judicial, en propio Secretario de Gobernación (véase la columna de Carlos Loret de Mola[2], la entrevista que concedió la ministra Norma Lucía Piña[3]). Sin embargo, si se conocía con antelación que pesaba sobre el currículo de la ministra un problema de esa magnitud, o la propia ministra lo ocultó o desestimó, no lo sabremos; lo que sí nos queda claro es que la defensa que eligió la planteó pensando en tener efectos mediáticos y no legales, para ganar tiempo. Percibimos, en todo caso, que la renuncia o separación del cargo se operaría toda vez que haya concluido el proceso de votación para la presidencia; o por el contrario, si se opta por un aventurado mantenimiento en la posición como ministra, perjudicaría, en cualquiera de los casos, la autonomía y credibilidad del poder judicial federal, así como los procesos de transformación iniciados, claro está, no con la celeridad deseada.
El voto de la ministra Esquivel para la sesión pública y solemne en donde surgirá el nuevo presidente de la SCJN y el CJF, definitivamente será espurio sin dejar a dudas sus aspecto sospechoso; esta situación seguramente reactivó antes de tiempo un proceso de reacomodo de fuerzas al interior de la Corte, en la que se podrá avizorar una interesante escenario político, pero sobre todo, en este reacomodo, tendremos la oportunidad de percibir la independencia con respecto al poder ejecutivo de los ministros, al nombrar sucesor del ministro Arturo Zaldívar o bien, se dejará para mejor ocasión que el judicial se erija como factor fundamental en la construcción democrática del país. Lo cierto es, que el proceso de sucesión presidencial del 24 se adelantó para este proceso, en el que visualizaremos la magnitud de la operación política, incluida, sin más, mantener la candidatura y el voto de la ministra Esquivel sin ningún empache; salvo que, alguno de los candidatos obtenga los 6 votos necesarios en la primera ronda y con ello enviar un mensaje de unidad y no intromisión en las decisiones al interior del poder judicial, lo cual podría ser poco probable, dada las circunstancias y el silencio que se ha guardado al interior del poder judicial.
En tercera instancia, se perfila un debate público en el terreno jurídico sobradamente interesante, el cual se podrán analizar y tener en cuenta principios de derecho y la jurisprudencia, la tesis «la incompetencia de origen», recomiendo la lectura sobre este tema: https://tinyurl.com/uphxfr9d; adicionalmente habrá que estar atentos a este debate que deberá de contribuir a tener una perspectiva más amplia de lo que ocurre dentro del poder judicial. Finalmente, el debate y la argumentar las ideas y posturas, debe prevalecer como acto de legitimidad y debe perfilarse como un proceso que enriquezca al libre desarrollo de las ideas, y sobre todo, por encima de posturas que en efecto, desestiman justamente esta posibilidad.
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