La otra Comisión
Cuauhtémoc Gutiérrez García[1]
La Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965-1990, creada por decreto del ejecutivo federal y publicado el seis de octubre del año pasado; dentro de las consideraciones establece, que es prioridad para el Gobierno de México la implementación de acciones para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia política en el lapso de 1965-1990 y, brindar a las víctimas y sus familiares garantías para el acceso a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la no repetición; además esclarecer los diferentes hechos ocurridos durante ese periodo. La vigencia de la Comisión será hasta el 30 de septiembre de 2024, presentándose un informe final de los hechos, procesos, instituciones y responsables de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano.
La Comisión Verdad y Justicia, tiene cinco mecanismos o ejes, previamente acordados con los representantes de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del periodo de la Guerra Sucia: a) histórico, difusión social de la verdad; b) justicia, diagnóstico y ruta para la creación de una fiscalía especializada; c) reparación integral y compensación a las víctimas; d) búsqueda de los desaparecidos, “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y, e) memoria y garantía de no repetición. Independientemente de los resultados, la promesa de saldar la deuda histórica con las víctimas y sus familiares de la Guerra Sucia, sus actividades deberán someterse a la observación y análisis de otras instancias convocadas y que se adhieran a estos fines, para que socialicen los trabajos, se actúe pulcramente, y realicen investigaciones profundas, conciliando opiniones diversas que sean parte de un proceso de interés social, por encima de cualquier mezquindad política que malogren los resultados y, nuevamente, resulten efímeros, y justamente no se repare integralmente a las víctimas y sus familiares, debido al simple transcurso del tiempo, o peor, el olvido.
No debemos de perder de vista los resultados de la Comisión para Ayotzinapa (CoVAJ) cuyos objetivos eran conocer la verdad, el paradero de los estudiantes y encontrar y procesar a los responsables; cuyo informe, de agosto de 2022, tiene como eje “revelar las circunstancias y motivos a través de la verdad fáctica y científica sobre estos atroces crímenes, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad”[2]. Es necesario analizar con detenimiento el documento y sus anexos, para contrastarlo con lo hasta ahora ventilado en los medios de comunicación (véanse las declaraciones del maestro Alejandro Encinas al New York Times el 26 de octubre[3], la conferencia de prensa del Grupo de Expertos Independientes para el caso de Ayotzinapa, del 31 de octubre[4]), en donde, hasta el momento, el Subsecretario Encinas ha llevado la peor parte, y sin que se aprecié un control de daños (resultan insuficiente el reconocimiento del AMLO), por lo que, a juicio de varios opinadores, el Informe de la Comisión no dota de elementos suficientes, o líneas de investigación sólidas para que la Fiscalía ejerza sus facultades para esclarecer los hechos, realice investigaciones complementarias y persiga a los probables responsables de los delitos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en donde todo apuntaba a una abierta connivencia y complicidad de autoridades municipales, del estado y la federación, especialmente, del 27ª zona militar del Ejército Mexicano, con el grupo de delincuentes llamado Guerreros Unidos; o bien, a la UEILCA (fiscalía especial), se la ha impedido avanzar por “el pacto de silencio” que aún persiste en el Poder Judicial, la Fiscalía y demás dependencias federales.
Aparentemente, el informe de la Comisión de Ayotzinapa, obtiene resultados adversos, si nos basamos en los yerros de la fiscalía, y que olímpicamente le son atribuidos al Subsecretario Encinas, que impiden una valoración objetiva o difusión de los avances y nuevos hallazgos (el militar infiltrado, y la omisión de su mando al no activar el “Protocolo para Militares Desaparecidos”) en la investigación para esclarecer el paradero y de los hechos, creando al menos, un clima adverso, volátil y de despropósitos, al no cumplir con los compromisos de judicialización de los culpables y esclarecimiento indubitable de la hipótesis del “Crimen de estado” en contra de la “Verdad histórica”, porque, según se argumenta, en los tres niveles de gobierno se conocían con antelación y se seguían las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones para el 2 de octubre en la ciudad de México, acreditándose probables responsabilidades por acción o negligencia en los hechos aludidos, en los que además perdieron la vida seis personas y un estudiante aun permanece en estado de coma.
En esta perspectiva, resultará necesario replantear el funcionamiento de la Comisión Verdad y Justicia, no por los encomiables esfuerzos que conduzcan a la verdad, la justicia, la búsqueda de los desaparecidos, la memoria y la garantía de no repetición, sino a su virtual fracaso, debido al ambiente político de encono prevaleciente y que contagie y afecte los resultados de la CVJ, o peor aún, desestimen sus logros del colectivo formado por Abel Barrera Hernández del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoallan, Eugenia Allier Montaño, investigadora del IIS de la UNAM, Aleida García Aguirre, historiadora, quien presentó su renuncia, precisamente, por estar en desacuerdo con la subordinación operativa, de recursos y administrativa de la sociedad civil frente a las instituciones que la integran; David de Jesús Fernández Dávalos, de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, y Carlos Alonso Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE. Por eso, debemos subrayar que en mayor medida coadyuvemos con las actividades, estemos al tanto de los comunicados de los avances en sus cinco líneas (en la red Twitter: @verdad_comision; @MEHistoricomx) para otorgarles justicia a las 562 personas desaparecidas en uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de México, relegado hasta este momento al olvido, porque aún las estructuras del poder institucional resultan impermeables y se resisten al proceso de reconciliación que desató la Guerra Sucia, la que sistemáticamente estuvo dirigida a diezmar a la oposición política, sus bases de apoyo social de quienes se rebelaron en contra del autoritarismo político, la falta de espacios y vías de participación social y democrática; en ese sentido, traigo a cuenta el siguiente párrafo del profesor Héctor Pedraza Reyes[5]:
“Hoy, cuando ya nadie o casi nadie cree que una revolución resuelva todos nuestros problemas, cuando parece definitivamente clausurado el camino al socialismo, cuando vivimos en un mundo sin esperanzas, sin ilusiones, resulta difícil entender que haya habido otra época en la que había alternativas, en que se creía que la sociedad podía cambiar, una época llena de esperanzas y de ilusiones en un mundo mejor, donde los seres humanos conscientes fueran los arquitectos de su propio destino.”
[1] Licenciado en Derecho, egresado de la Unidad Académica de Derecho, Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas.
[4] https://centroprodh.org.mx/sididh4_0/2022/11/01/conferencia-de-prensa-del-giei-sobre-el-caso-ayotzinapa/
[5] Pedraza Reyes Héctor, Apuntes sobre el movimiento armado socialista en México (1969-1974). NÓESIS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES [en línea]. 2008, 17(34), 92-124[fecha de Consulta 9 de noviembre de 2022]. ISSN: 0188-9834. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85913301005
